Ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, y acceso a la información, fomentando una conducta íntegra de los servidores públicos, mediante la supervisión del cumplimiento de leyes y políticas de prevención de la corrupción que contribuya al fortalecimiento del sistema democrático y a garantizar los derechos de los ciudadanos a través de una cultura de gobierno abierto.