Garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas y decidir con transparencia, imparcialidad y celeridad los conflictos que surjan a lo interno o entre los partidos y organizaciones políticas; así como, promover seguridad jurídica a través de un proceso eficaz de rectificación de las actas del Estado Civil, consolidando el sistema democrático, con vocación de servicio y compromiso social.